2. ¡Los pueblos al frente! Anticorrupción en los megaproyectos

Las instituciones anticorrupción deben ser especialmente sensibles a las necesidades y los derechos de las poblaciones étnicas en México, considerando la diversidad cultural, étnica y territorial del país, así como las desigualdades históricas que enfrentan, la falta de representación política y los obstáculos para poder acceder a la movilidad social efectiva. Teniendo en cuenta estas particularidades, las recomendaciones al Gobierno son:

• Enfoque culturalmente sensible: Las instituciones anticorrupción deben reconocer y respetar las tradiciones, cosmovisiones, valores y formas de vida de las poblaciones étnicas, eso incluye sus formas de relacionamiento con los ambientes naturales que habitan. Por ello, es fundamental que las instituciones tengan un enfoque culturalmente sensible que evite la imposición de soluciones que puedan socavar su identidad y derechos culturales. Es necesario que existan secretarías o rutas institucionales específicas para atender los casos de violaciones de Derechos Humanos y corrupción en las comunidades étnicas, que preferiblemente cuenten con la presencia activa de la comunidad.

• Participación efectiva y consulta: Las instituciones anticorrupción deben asegurarse de que las poblaciones étnicas sean consultadas y tengan la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, comunidades y territorios. Por ejemplo, en Colombia existe la figura jurídica de “consulta previa”, la cual les concede el derecho a las comunidades ancestrales de poder decidir y aprobar o negar, la injerencia del Estado en sus territorios en cuanto a la disposición de los recursos naturales y lugares sagrados se trata. Esto ha sido fundamental para proteger y salvaguardar el legado cultural y ancestral de las comunidades frente a los proyectos que deterioran el medio ambiente por parte de las multinacionales y su complicidad con el Estado. Para muchas poblaciones étnicas, la tierra y los recursos naturales son fundamentales para su subsistencia y cultura. Las instituciones anticorrupción deben velar por la protección de estos territorios y recursos frente a la corrupción y explotación.

• Acceso a la justicia y recursos legales: Las poblaciones étnicas deben tener acceso igualitario y equitativo al sistema de justicia. Las instituciones anticorrupción deben garantizar que tengan la capacidad y los recursos para buscar reparación en caso de violaciones de sus derechos. Particularmente en el caso de los líderes y personas defensores y defensoras de Derechos Humanos de las poblaciones étnicas, los cuales a menudo enfrentan amenazas y represalias. Las instituciones anticorrupción, con especial énfasis en las Fiscalías Anticorrupción, deben tomar medidas para proteger su seguridad y garantizar su capacidad para abogar por sus comunidades y para ello es necesario un despliegue institucional especial para tal fin. Las instituciones anticorrupción deben estar atentas a los posibles abusos de poder y corrupción que puedan afectar a las poblaciones étnicas. Deben facilitar mecanismos para que estas poblaciones puedan denunciar casos de corrupción y violaciones de derechos.

• Educación y sensibilización: Las instituciones deben llevar a cabo campañas de educación y sensibilización para promover la comprensión y el respeto por las culturas y derechos de las poblaciones étnicas. Esto puede ayudar a prevenir prejuicios y discriminación.

• Inclusión en políticas y programas anticorrupción: Las políticas y programas anticorrupción deben considerar las necesidades y los impactos específicos en las poblaciones étnicas. Esto implica considerar cómo la corrupción puede afectar desproporcionadamente a estas comunidades y diseñar estrategias para abordar estos problemas.

• Transparencia y rendición de cuentas: Las instituciones anticorrupción deben ser transparentes en sus acciones y decisiones relacionadas con las poblaciones étnicas. Deben rendir cuentas sobre cómo están abordando las preocupaciones y desafíos específicos de estas comunidades.

En 2021 la organización internacional Global Witness colocó a México como el segundo país más peligroso para las personas que defienden los derechos ambientales, lamentablemente en 2022 México avanzó a la penosa primera posición.

El gobierno debe de atender los casos de violencia y corrupción en los megaproyectos, con investigaciones judiciales independientes, específicamente en focos rojos de los megaproyectos en curso, como por ejemplo, el Tren “Maya”, y el Corredor Interoceánico.