4. ¡Justicia social! El caso de las personas privadas de la libertad y su relación con la corrupción

La presidenta electa de México,

Las nuevas autoridades federales y estatales que asumirán su cargo el 1 de octubre del 2024, tienen un reto importante: crear una política pública robusta para el Sistema Penitenciario que tenga la finalidad de generar seguridad y sobre todo garantizar la dignidad humana de todas las personas privadas de la libertad, tomando en cuenta sus condiciones étnicas-raciales, de género, clase, entre otros sistemas de opresión.

La corrupción es una práctica estructural dentro de los centros penitenciarios, 96.4% de la población privada de la libertad pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en las cárceles durante julio 2020 a julio 2021 (ENPOL, 2021), lo cual no solo obstaculiza el ejercicio de sus Derechos Humanos, sino que también crea un entorno propicio para el abuso de sus derechos, que incluyen la tortura y los malos tratos.

En el Informe de mujeres privadas de la libertad de las Américas, realizado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, 2023), se señala un “incremento sin precedentes de los índices de privación de libertad de mujeres en la región. Las mujeres encarceladas representan el ocho por ciento en las Américas, cifra que se duplicó en los últimos 22 años, en un 56.1%, mientras que la población carcelaria general se incrementó en un 24.5%”. Estos datos desagregados en México nos muestran que del total de la población privada de la libertad (226 mil 116 personas), el 39% se encuentra sin sentencia, es decir, 88 mil 172 personas, siendo el 49.3% mujeres (INEGI, 2023).

En el contexto mexicano las detenciones y la privación de la libertad de las mujeres son producto de la política de la militarización de la seguridad pública que le ha dado al Ejército cada vez más poder al acumular tareas civiles y mayor presupuesto sin controles claros, con la finalidad de legitimar la llamada “guerra contra las drogas”, que inició con el ex Presidente Felipe Calderón. Al día de hoy, organizaciones de la sociedad civil han documentado que la información y datos sobre esta guerra sí existe, se recopila y actualiza de forma constante por las Fuerzas Armadas, registro que se ha mantenido incluso pese a los cambios de gobierno y se sigue usando en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero no se transparenta a la sociedad en general. (Data Cívica e Intersecta, 2023). La opacidad en las detenciones ha fortalecido la presencia de actos de corrupción y violaciones a Derechos Humanos, como los abusos de autoridad. En ellos resaltan aquellos cometidos contra mujeres, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021), se registró que 39.8% de mujeres sufrieron agresiones físicas permitidas o cometidas por la policía o autoridad en su contra después de su detención. Resalta que 15.5% fue víctima de acoso sexual, manoseo, exhibicionismo e intento de violación y 4.8% fue víctima de violación sexual.

Quisiéramos hacer hincapié en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 16, ubicado en el Estado de Morelos, y los 16 suicidios en menos de tres años en la única prisión federal de mujeres, debido a que no han recibido atención psicológica ni psiquiátrica de manera oportuna estando bajo custodia del Estado.

Hacemos un enérgico llamado a autoridades penitenciarias e instituciones corresponsables para que garanticen y salvaguarden la vida, integridad y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres que habitan el CEFERESO 16. Cabe destacar que el 40% de las mujeres del CEFERESO se encuentra en prisión preventiva oficiosa. Es decir, hay 490 mujeres encerradas en una prisión de alta seguridad sin sentencia.

De acuerdo con familiares, las mujeres están 23 horas al día dentro de la celda, se les permite una llamada de máximo 10 minutos. Las visitas se permiten cada 9 días, dando “flexibilidad” a las familias que se trasladan de un estado a otro para verlas tres días seguidos.

La falta de atención médica, alimentos insalubres, escasos y no equilibrados, escasez de agua potable, ausencia de oportunidades laborales dignas, “medidas disciplinarias” que se traducen en tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y su aislamiento son actos de tortura como política de Estado.

Es importante señalar que la corrupción existe dentro del CEFERESO, que se expresa en múltiples formas, como el imponer una tienda con precios inflados para comprar bienes básicos como toallas sanitarias o agua potable. Solo aquellas que tengan el poder adquisitivo pueden realizar alguna compra, para ello, sus redes de apoyo les pueden hacer depósitos de hasta $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100) mensuales.

El Estado mexicano debe eliminar la prisión preventiva oficiosa para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el Caso García Rodríguez y Otros vs México (2023), y hacer todos los esfuerzos para reducir la corrupción desde las detenciones, la presentación ante el Ministerio Público, rendir y firmar las declaraciones, hasta su estancia en los centros penitenciarios, los cuales se traducen en eliminar los tratos crueles e inhumanos y tener todos los servicios y bienes públicos para que las personas que habitan las cárceles tengan una vida digna.

De manera urgente al nuevo gobierno se le insta a tener una mesa de trabajo con las personas privadas de la libertad y sus familias, las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, las autoridades penitenciarias y el Sistema Nacional Anticorrupción para que el “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario” cuente con un enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de Género, enfoque intercultural y anticorrupción. En especial, a las instituciones que previenen, detectan, investigan y sancionan corrupción, recomendamos el “Manual sobre medidas anticorrupción en las prisiones” de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2017).

Lamentablemente, ninguno de los Sistemas Anticorrupción cuenta con una política pública enfocado a disminuir las faltas administrativas y hechos de corrupción en el Sistema Penitenciario del país.