6. Medidas contra la corrupción de grupos delictivos organizados.

Existen repercusiones económicas y sociales negativas relacionadas con las actividades delictivas organizadas, por lo que es urgente la necesidad de reforzar la cooperación para prevenir y contar con políticas eficaces de dichas actividades a nivel nacional, regional e internacional.

México debe reforzar su Política Nacional Anticorrupción para contar con medidas para la cooperación internacional para perseguir delitos de grupos delictivos organizados.

Para ello, es imperante que se siga mejorando su comprensión de los riesgos de la corrupción en la que intervienen grupos delictivos organizados, también con miras a desarrollar enfoques comunes, en la medida de lo posible, y compartir sus mejores prácticas, lecciones aprendidas y metodologías entre los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción.

También se exhorta al gobierno adoptar medidas apropiadas para identificar, evaluar, mitigar y gestionar los riesgos de corrupción en el sector público y mejorar la capacidad de las instituciones públicas, incluidos sus procesos de contratación, para prevenir y hacer frente a la infiltración de grupos delictivos organizados –sobre todo en las Fiscalías– mediante el fortalecimiento de políticas que promuevan la buena gobernanza, el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para ello, alentamos a que elaboren y mejoren los mecanismos de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción en que estén involucrados grupos delictivos organizados y a que refuercen la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones de justicia penal y otras autoridades competentes.

Es importante que los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción refuercen, el régimen de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas físicas o morales que prestan servicios oficiales u oficiosos de transmisión de dinero o valores y, cuando proceda, otros órganos particularmente susceptibles de ser utilizados para el lavado de dinero, incluidos los proveedores de servicios jurídicos, contables, inmobiliarios y empresariales, con el fin de evaluar y abordar de forma coherente con la legislación nacional su posible papel al momento de facilitar o permitir delitos de corrupción en los que participen grupos delictivos organizados y el lavado y las transferencias del producto del delito, así como los flujos financieros ilícitos derivados.

La Política Nacional Anticorrupción debe de tener coherencia con la política exterior mexicana. Las políticas públicas, programas y medidas anticorrupción no pueden ser ajenas a la geopolítica actual por la relación con la corrupción trasnacional. No se puede ignorar los genocidios en curso que están pasando en distintas latitudes del mundo: Palestina, Congo, Sudán, por mencionar algunos. Mexiro A.C hace suya la exigencia para la liberación de estos pueblos porque sabemos la conexión que tiene con la violencia, la corrupción y la impunidad en nuestros territorios.

En el informe "Comercio Mortal: Cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México", realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, muestra que entre 2006 y 2018, Israel Weapons Industries (IWI) vendió a México 23.772 armas pequeñas, valoradas en aproximadamente 34 millones de euros, para uso de las fuerzas policiales estatales y municipales.

Muchas de estas armas han terminado en manos de los cárteles. “Más de 2.600 de estos fusiles de asalto fueron entregados a Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, estados que representan el 60% de las confiscaciones de armas ilegales en México. De las aproximadamente 61.000 armas de fuego ilegales recuperadas por el ejército mexicano entre 2010 y mayo de 2020, para las que se identificó al fabricante, 41 eran armas IWI incluidas 12 en Michoacán, 3 en Veracruz y Guerrero y 6 en Tamaulipas” (CMPDH, 2020).

Israel ha desempeñado un papel importante en la corrupción, habilitación y profundización de la opresión más allá de la Palestina ocupada. Trae las mismas tácticas violentas que desarrolla y utiliza para oprimir a las personas palestinas, como la agresión militar y la vigilancia masiva al resto del mundo al formar alianzas con regímenes represivos, vender armas y spyware, construyendo fronteras militarizadas, entrenado de la policía y ejércitos en todo el mundo y realizando la explotación de los recursos naturales.

Al exportar sus tácticas de ocupación, Israel ha ampliado su control y dominación sobre el pueblo palestino, al tiempo que ha reforzado la violencia, corrupción, impunidad y la desigualdad en otros países.

Durante el levantamiento zapatista en México, Israel entrenaba a las fuerzas mexicanas en las tácticas desarrolladas por los militares israelíes durante la supresión de la Primera Intifada, levantamiento social y popular para resistir a la ocupación totalitaria y militar de los territorios palestinos. En los noventas Israel estaba introduciendo el sistema de puestos de control en Cisjordania y Gaza como su principal táctica de control social, una política que comenzó a extenderse por todo Chiapas, México.

Nuestro gobierno debe iniciar un embargo militar y realizar las carpetas de investigación de los casos de corrupción en que estén involucrados grupos delictivos organizados y países que están cometiendo genocidios, debido a una clara relación de corrupción con el tráfico de armas y violaciones a los Derechos Humanos.

Finalmente, es importante apoyar a las víctimas de delitos, teniendo en cuenta sus experiencias, para una reparación de daño efectiva, y medidas de no repetición y de memoria.

A partir de datos del Observatorio, 32 Fiscalías Anticorrupción no cuentan con algún Sistema que acrediten el cumplimiento de los instrumentos internacionales del Sistema Interamericano y del Sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.

Además, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, durante el año 2022, 78.1% de los Estados contaron con la existencia de agencias y/o fiscalías anticorrupción, esto es, 27 de 32 entidades. Este dato representa una reducción de 6 por ciento respecto al año anterior en que 27 Estados contaban con este tipo de fiscalías. Al segundo trimestre del 2024, el 6.06% de los Sistemas Anticorrupción no cuentan con una persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, sino que cuentan con Encargados de Despacho, estos son: Guerrero y Tamaulipas.