7. Sin transparencia no hay recuperación de activos.

Reconocemos que la transparencia en relación con los beneficiarios finales es esencial para reducir la corrupción y hacer frente al uso indebido de las personas morales para ocultar el producto de delitos tipificados.

En ese sentido, México debe crear medidas para que las instituciones financieras adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores, y que ese escrutinio intensificado se estructurará razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes.

También se deben aplicar las medidas necesarias para obtener información fidedigna sobre los beneficiarios finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros mecanismos jurídicos complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, utilizados para cometer delitos de corrupción u ocultar y transferir valores.

Para ello, es necesario, que el Estado garantice el acceso a información verídica, correcta y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas morales y deben de mantener registros históricos, que pueda ser consultada por las autoridades competentes nacionales, incluidas, las unidades de inteligencia financiera y las administraciones tributarias.

Lo anterior se puede realizar mediante la utilización de tecnologías digitales e innovadoras con la finalidad, entre otras, de facilitar la recuperación y la restitución de activos. En este sentido, se debe de adoptar un enfoque multidimensional de la transparencia con respecto a los beneficiarios finales por medio de mecanismos adecuados que proporcionen acceso a información adecuada, exacta y actualizada sobre los beneficiarios finales, a fin de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción y la detección, recuperación y restitución de los activos.

Por otro lado, en la implementación de la Política Nacional Anticorrupción, se deben intensificar los esfuerzos de cooperación internacional pero también con la sociedad civil, para prevenir y reducir los delitos de corrupción que afecta a grandes cantidades de activos. Ningún país puede por sí solo hacer frente a casos complejos que afectan a múltiples jurisdicciones, y que la cooperación internacional y la asistencia técnica son necesarias para la prevención, detección y enjuiciamiento de delitos de corrupción, incluida la recuperación de activos.