Presentación
El presente informe contiene los resultados, la evolución y los avances del , que opera desde 2018 hasta la actualidad, desarrollado por la organización feminista anticorrupción Mexiro A.C. El Observatorio Anticorrupción tiene como objetivo monitorear, evaluar y certificar la transparencia, el enfoque de Derechos Humanos y la Perspectiva de Género en los , las cuales tienen como finalidad prevenir, detectar, controlar, investigar, disuadir y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.
Los informes y estudios sobre la corrupción en México, por supuesto, no son nuevos ni escasos. Sin embargo, Mexiro A.C. considera que la narrativa institucional y académica sobre este asunto reduce la mirada y el abordaje de la corrupción a datos cuantitativos despersonalizados y porcentajes estadísticos que privilegian, sobre todo, los impactos económicos de la corrupción.
Aunque no negamos la importancia de los estudios cuantitativos y económicos sobre esta materia, también vemos pertinente y necesario fortalecer otras narrativas y estudios que pongan en el centro la dignidad, la humanidad y la integridad de las víctimas de la corrupción. Estas suelen ser comunidades históricamente empobrecidas, marginalizadas y precarizadas como resultado de la centralización del poder en manos de unos pocos, quienes además han utilizado el aparataje estatal en función de sus propios intereses, dejando relegadas a las poblaciones vulneradas a sufrir las peores consecuencias de la corrupción: la deshumanización.
Estas perspectivas tradicionales para entender el fenómeno de la corrupción, si bien cuestionan las lógicas neoliberales que promueven la privatización y la desregulación como soluciones a la corrupción, también suelen ignorar las desigualdades sociales, pero sobre todo los sistemas de opresión que la alimentan. En su lugar, abogan por políticas que buscan regular la "ética" de las personas funcionarias públicas, o incluso apoyan acciones punitivas que poco o nada contribuyen a desdibujar el poder estructural y sistémico que subyace en la corrupción.
En ese sentido, este reporte busca emplear instrumentos metodológicos imbuidos de empatía, lo que nos lleva a adoptar la postura política de humanizar los datos cuantitativos. Por ende, este informe va más allá de ser simplemente un insumo institucional; puede ser definido como el resultado de esfuerzos colectivos, comunitarios, o incluso contrahegemónicos, que buscan construir nuevos marcos interpretativos propicios para estrategias alternativas vinculantes y contextualizadas que enfrenten la corrupción.
A través del análisis que plantea este reporte, se espera proporcionar a la sociedad civil en resistencia y a las personas tomadoras de decisiones, recursos valiosos que puedan informar y enriquecer futuras iniciativas en materia de anticorrupción en el país y en otros espacios geográficos que busquen referencias en la materia. Por lo que es indispensable la lectura del presente para:
Disputar la narrativa oficialista de la centralización de la corrupción en manos de una sola figura del Estado.
Emitir recomendaciones con base en datos e información sobre las áreas de oportunidad que cuenta el gobierno –federal y estatal– en materia de transparencia, y la calidad de cumplimiento de la Perspectiva de Género y del Enfoque de Derechos Humanos en la agenda anticorrupción.
Socializar un balance, con base en evidencia, de la relación entre el cierre del espacio cívico y la reducción de recursos de la gestión pública contra la corrupción y sus consecuencias en las libertades y derechos de la población, para poder dar pautas para el futuro de la agenda anticorrupción del país.
A pesar de los numerosos desafíos para reducir o eliminar la corrupción en el Estado mexicano, en la actualidad es más imperativo que nunca adoptar perspectivas populares, decoloniales y críticas para abordar esta problemática, especialmente dada la coyuntura de autoritarismo que atraviesa el país. Estos enfoques reconocen el conocimiento y la experiencia acumulada en las periferias sociales y geográficas, usualmente marginadas por las élites políticas y económicas.
El gobierno actual con su partido oficialista MORENA, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha logrado capturar la narrativa sobre la corrupción con el objetivo de despolitizar a la población civil, lo que implica desactivar su potencial crítico y movilizador al difundir la idea de que la corrupción es un problema resuelto y al desviar la atención hacia una única figura, entidad o partido político como el único responsable de "erradicar" la corrupción.
Más allá de la politización de esta agenda, la corrupción no solo representa un obstáculo para el acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), también socava la confianza de la sociedad civil en las instituciones surgidas de procesos democráticos, afectando de manera significativa los Derechos Humanos, especialmente de grupos históricamente discriminados, y perpetuando la desigualdad de género que aún persiste en nuestra sociedad.
El presente documento no está desvinculado del contexto actual, donde la falta de designaciones en los Sistemas Anticorrupción alcanza un 75.75% hasta junio de 2024, según datos de nuestra radiografía trimestral. Este panorama retrata de manera contundente los esfuerzos, a lo largo de seis años, del Ejecutivo Federal por desmantelarlos, sin eximir las responsabilidades de los Poderes Legislativos en obstaculizar su proceso de consolidación.
La corrupción en México se ha arraigado y ha afectado a diversas víctimas a lo largo del tiempo, resaltando su alarmante nivel de impunidad del 98% (México Evalúa, 2023). Este fenómeno debe ser considerado como un delito en el contexto de una macro-criminalidad, donde los enfoques tradicionales de investigación y las políticas de "saneamiento de la gestión pública" (Villegas, 2023) no logran abordar de manera efectiva las condiciones de vida de la población.
La intersección entre la corrupción, la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos añade una capa adicional de complejidad a la problemática de corrupción en México. Las mujeres, disidencias sexuales y de género, comunidades étnicas, poblaciones discapacitadas, entre otras que han sido marginadas, suelen sufrir de manera desproporcionada las consecuencias de la corrupción, como resultado de políticas racistas, clasistas y patriarcales, entre otros sistemas de opresión.
Lo anterior, se traduce en dificultades para acceder a servicios básicos y para ejercer plenamente sus derechos. Además, al mantener a estas poblaciones en las periferias y alejadas de la toma de decisiones de las instituciones, de las políticas públicas, y por supuesto de los Sistemas Anticorrupción, se perpetúa su constante marginalización y opresión. Por lo tanto, es crucial que los esfuerzos de anticorrupción incorporen una perspectiva de justicia no convencional para abordar de manera efectiva las desigualdades sistémicas que alimentan la corrupción en el país.
En este orden de ideas, el contenido de este informe también reflexiona sobre la imperante necesidad de una perspectiva de justicia que trascienda los enfoques punitivos convencionales. La justicia restaurativa, por ejemplo, ofrece un marco alternativo que busca abordar las causas latentes de la corrupción, así como sus impactos en las comunidades afectadas. Al centrarse en la reparación del daño causado, la reconciliación, la memoria, y la construcción de relaciones de confianza, la justicia restaurativa no solo busca castigar a los culpables, sino también sanar a las víctimas y restaurar el tejido social.
Este enfoque reconoce la importancia de empoderar a las comunidades afectadas y de promover la responsabilidad colectiva para hacer frente a la corrupción, en lugar de relegar esta tarea exclusivamente a las instituciones estatales. En última instancia, la implementación de la justicia restaurativa en el ámbito anticorrupción puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa, colaborativa y solidaria.
Por consiguiente, consideramos pertinente emplear dos categorías de análisis que son indirectamente transversales a este reporte y que son de utilidad para comprender el contexto en el que se desarrolla esta investigación, estas categorías son: la cleptocracia y necropolítica.
Analizar la situación de corrupción en México revela cómo el abuso de poder y la negligencia institucional pueden tener consecuencias devastadoras, que muchas veces se traducen en políticas que determinan qué cuerpos viven y qué cuerpos mueren. A esto se le conoce como necropolítica, el cual es un concepto acuñado por el teórico político Mbembe (2006), quien lo define como el ejercicio del poder estatal sobre la vida y la muerte de la población de manera directa o indirecta. Asimismo, la necropolítica puede definirse como el conjunto de políticas de Estado que ejercen control sobre los cuerpos de los individuos con relación a la calidad de vida.
La necropolítica implica la instrumentalización de la muerte como una herramienta de gobierno, donde el Estado ejerce un control sobre la vida de la población al amenazar con la muerte o al negar el acceso a recursos vitales, como alimentos, agua y atención médica. También puede manifestarse en formas de violencia directa, como ejecuciones extrajudiciales o genocidios, que buscan eliminar físicamente a ciertos grupos considerados no deseados o peligrosos para el régimen político.
Por su parte, la cleptocracia se refiere a tipos específicos de actividades delictivas que impliquen corrupción de alto nivel, una gobernanza autoritaria y una amenaza transnacional sistémica. Es la sustracción y uso inadecuado sistemático e institucionalizado de fondos públicos. La corrupción de alto nivel se refiere a aquella corrupción transnacional que implica actividades políticas, élites empresariales o criminales y sus profesionales intermediarios con fines de auto-enriquecimiento ilícito o promoción de objetivos políticos (International Republican Institute, 2021, p. 3).
Utilizamos esta categoría de análisis porque en México –así como en otros países– existe la institucionalización y normalización de la corrupción, y la cleptocracia puede llegar a presentarse en cualquier tipo de régimen político –incluso las consideradas por el norte global como democráticas.
No existe cleptocracia sin necropolítica y viceversa, para poder sostener un sistema de territorios vaciados, donde la “colonización, la explotación, la violencia, el destierro, las políticas para el desarrollo, y las resistencias por la liberación coexisten cubiertos por el manto de las narrativas de subdesarrollo, marginalidad y barbarie” (Vergara, 2014).
Como horizonte político y epistémico que enriquece este informe, especialmente al considerar las acciones de resistencia desde los sectores periféricos para hacer frente a la corrupción, es el de los feminismos plurales. En este sentido, nos centramos en cuatro corrientes relevantes en la actual coyuntura política del país: el comunitario, el decolonial, el antimilitarista y el antipunitivista.
Para comprender adecuadamente los resultados que se presentan a continuación, es crucial contar con una visión más completa y holística de los impactos diferenciados de la corrupción en México, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las personas con identidades de género no hegemónicas y orientaciones sexuales diversas. Los feminismos plurales pueden proporcionar nuevas disertaciones para pensar posibles soluciones y respuestas ante esta problemática. A continuación, se describe cómo cada uno de estos enfoques se integra a los resultados del informe proporcionando insumos conceptuales traídos desde las periferias para hacer frente a la corrupción:
Feminismo comunitario: Desde esta perspectiva, se valora la importancia de la participación activa de las comunidades en su andar para hacer frente a la corrupción y la promoción de la transparencia. Se analiza cómo las mujeres y las diversidades sexo-génericas en comunidades marginadas son afectadas de manera desproporcionada por la corrupción, y cómo el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el empoderamiento colectivo pueden ser herramientas clave para hacer frente a este fenómeno.
Feminismo decolonial: El enfoque decolonial permite examinar las raíces históricas y estructurales de la corrupción en México, así como su relación con el legado colonial y la persistencia de sistemas de opresión. Se destaca cómo la corrupción política perpetúa y refuerza las jerarquías de poder basadas en el género, la clase social y la raza, y se exploran estrategias para descolonizar las instituciones y promover la justicia social a partir del desmonte de todas los sistemas de opresión.
Feminismo antimilitarista: Desde esta perspectiva, se analiza cómo la corrupción política está intrínsecamente vinculada a la militarización y la violencia estatal, especialmente en contextos de violencia de género y feminicidios. Se examinan los efectos de la corrupción en la promoción de políticas y prácticas militaristas que perpetúan la violencia contra las mujeres y las diversidades sexo-génericas, y se aboga por alternativas feministas y pacíficas para abordar los conflictos y las crisis sociales.
Feminismo antipunitivista: Este enfoque cuestiona la eficacia y la legitimidad de las respuestas punitivas a la corrupción, abogando en cambio por enfoques restaurativos y transformadores. Se examinan los impactos de las políticas represivas en las mujeres y las diversidades sexo-génericas, especialmente en términos de encarcelamiento masivo y criminalización de la protesta social, y se promueven estrategias alternativas basadas en la justicia social y la reparación del daño.
Este texto abraza la diversidad de mujeres y se piensa como una herramienta para las mujeres negras, afrodescendientes, campesinas, indígenas, lesbianas, bisexuales, transgénero, empobrecidas, migrantes, periféricas, víctimas de los conflictos armados, discapacitadas; asimismo, este reporte está dirigido a las disidencias sexuales y de género, las llamadas maricas, areperas, camioneras, travas, locas, indefinidas, pecadoras, y otras identidades al margen de la sociedad, para que puedan usar las reflexiones en torno a las acciones de anticorrupción para fortalecer sus procesos de incidencia comunitaria.
Así pues, este informe está dirigido a un público que se dedica al activismo, personas que trabajan en la defensa de diversos Derechos Humanos y causas sociales, incluyendo la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la erradicación de la corrupción, así como individuos y organizaciones dedicadas a proteger y promover el acceso a la información y la justicia.
Se espera que los recursos y conocimientos de este documento sean de utilidad para las personas comprometidas con la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación, la violencia contra las mujeres, así como con la promoción de políticas y prácticas inclusivas y equitativas.
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