Justificación

Reducción del espacio cívico y su relación con la agenda anticorrupción, el impacto en los derechos y libertades en las mujeres y las personas con identidades de género no hegemónicas y orientaciones

En 2018, al iniciar el Observatorio Anticorrupción de México, desarrollamos una metodología para investigar, a través de la transparencia y el derecho de acceso a la información, la documentación y las políticas públicas anticorrupción generadas por las instituciones que componen los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. En ese momento, la información útil, sistematizada y accesible era escasa, lo que representaba el principal obstáculo para que la sociedad civil pudiera monitorear, evaluar e incidir en dichos Sistemas.

En este contexto, planteamos que la falta de información sobre los Sistemas Anticorrupción perpetúa la opresión hacia poblaciones históricamente marginadas y discriminadas, que soportan el mayor impacto de la corrupción, especialmente las mujeres y las disidencias sexuales y de género. La corrupción tiende a concentrarse en áreas y poblaciones periféricas, donde la falta de acceso a recursos y servicios básicos se agrava por prácticas corruptas que desvían fondos y recursos públicos destinados al bienestar de la población.

Abordar la corrupción situada desde las periferias, implica abordar las desigualdades estructurales que perpetúan su existencia, promoviendo políticas justas y redistributivas que garanticen el acceso equitativo a los recursos y oportunidades para todos los sectores de la sociedad.

Como respuesta a este problema, planteamos el Observatorio de manera que, por medio de un sistema de criterios, podamos obtener información respecto a las instituciones y órganos colegiados que se coordinan por medio de estos Sistemas para reducir, y que no queden en impunidad, faltas administrativas y hechos de corrupción que afectan a poblaciones históricamente oprimidas.

Es por lo anterior que los aspectos cruciales que aborda este informe es la intersección entre la corrupción, la transparencia, Derechos Humanos y la Perspectiva de Género.

La corrupción en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género erosiona los esfuerzos por proteger los derechos de las mujeres y las personas con identidades de género no hegemónicas y orientaciones sexuales diversas.

Además, afecta el acceso equitativo a la justicia, especialmente en casos de violencia de género, discriminación y derechos reproductivos, donde las mencionadas poblaciones enfrentan obstáculos adicionales debido a la corrupción en el sistema judicial, por poner un ejemplo.

Asimismo, se destaca la influencia de la corrupción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, un tema crítico para las mujeres y personas de diversidades sexo-génericas. La corrupción en el sector de la salud, por ejemplo, obstaculiza la disponibilidad de anticonceptivos o medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH, la atención durante el embarazo y el parto, y otros servicios esenciales, lo que impacta negativamente en su bienestar y autonomía reproductiva.

Otro aspecto relevante al que incita a la reflexión este informe, es la relación entre la corrupción y la participación política de las mujeres y las personas con identidades de género no hegemónicas y orientaciones sexuales diversas, destacando la importancia de su incidencia política desde las organizaciones sociales. La corrupción en los procesos políticos y administrativos deteriora los esfuerzos por garantizar la representación y el acceso equitativo de estas comunidades en la toma de decisiones en sus territorios.

La relación entre la corrupción sistémica y la exclusión de las mujeres y las personas con identidades de género no hegemónicas y orientaciones sexuales diversas, se manifiesta de manera contundente en la efectividad de los Sistemas Anticorrupción. Estos sistemas, diseñados para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en todas sus formas, enfrentan el desafío de abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la exclusión de estos grupos. La opacidad en la gestión de recursos públicos y la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones dificultan aún más el acceso de las mujeres y las personas con identidades de género no hegemónicas y orientaciones sexuales diversas a la información relevante y necesaria para participar activamente en procesos de anticorrupción.

Además de los aspectos ya abordados, es fundamental considerar la aplicación de enfoques de justicia restaurativa en la agenda anticorrupción. La justicia restaurativa propone un modelo alternativo al sistema punitivo tradicional, centrado en reparar el daño causado por el delito y en restaurar las relaciones comunitarias. En el contexto de la corrupción, este enfoque podría implicar la búsqueda de acuerdos y soluciones consensuadas entre las partes afectadas, así como la promoción de la rendición de cuentas y la responsabilidad personal de los perpetradores, con el objetivo de restablecer la confianza en las instituciones y promover una cultura de integridad y transparencia.

En suma, este informe no solo se posiciona como una herramienta esencial para fortalecer la agenda anticorrupción en México, sino que también representa un llamado a la acción en un contexto de creciente autoritarismo y fascismo. Al proporcionar datos y evidencia sólida sobre la relación entre el cierre del espacio cívico y la reducción de recursos en la gestión pública dedicada a erradicar la corrupción en México, tienen consecuencias en las libertades y derechos de la población.

El espacio cívico es la esfera esencial que permite a las personas, defensoras y defensores de Derechos Humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil asociarse libremente, expresarse, participar en la vida pública y buscar información del Estado, por lo que es el entorno vital donde se ejercen las libertades de expresión, de reunión y de asociación, protegidas por instrumentos de Derechos Humanos internacionalmente reconocidos.

En México, el espacio cívico ha experimentado una erosión preocupante. Las razones de esta pérdida son múltiples, desde la profundización de la militarización y el espionaje estatal a activistas, el ataque a la independencia del Poder Judicial, hasta amenazas y asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos, periodistas, personas candidatas a cargos de elección popular e incluso, personas funcionarias públicas como juzgadores y juzgadoras. Además, las organizaciones internacionales comprometidas con el respeto a los Derechos Humanos encuentran menos espacios para actuar, la agenda anticorrupción sólo es una narrativa de ataque a adversarios de los partidos políticos y el, hasta ahora, Presidente de la República ha debilitado los contrapesos democráticos.

Por lo tanto, la intersección entre corrupción, transparencia, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, justifica la urgente necesidad de abordar estos problemas de manera integral y sensible, siendo vinculante con las comunidades orilladas a las periferias, incluyendo otras perspectivas sobre la justicia, situado desde un enfoque claro de género, priorizando a los Derechos Humanos, esto con el único fin de plantear soluciones para recuperar la dignidad.

Más allá de ser una mera recopilación de información, este informe fomenta el pensamiento crítico y promueve una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan las comunidades en la defensa de sus derechos.

En un momento en el que la dignidad y los derechos fundamentales están amenazados por regímenes autoritarios, la defensa de la vida se convierte en una acción ineludible para las comunidades periféricas.