8. Protección de personas denunciantes y alertadores de la corrupción, ¡ya!

Se resalta la importante función que tiene la denuncia para mejorar las iniciativas emprendidas por el gobierno para prevenir y reducir la corrupción con mayor eficiencia y eficacia. En ese sentido, el Estado debe de garantizar la protección eficaz frente a posibles actos de represalia o intimidación a las personas afectadas por la corrupción, así como a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados, así como, a sus familiares y demás personas cercanas, tomando en cuenta sus necesidades y el contexto en el que se desarrolle.

Para ello, el gobierno de México debe de establecer una Ley de Alertadores de la Corrupción para definir jurídicamente a quién o quiénes se les puede considerar, así como crear y fortalecer sistemas confidenciales para la presentación de reclamaciones y sistemas internos de denuncia protegida que sean accesibles, diversificados e inclusivos, para facilitar la denuncia de la corrupción en forma oportuna y asegurar la confidencialidad de la identidad y los datos personales de las personas denunciantes, incluso permitiendo la denuncia o alerta anónima.

En este sentido, es importante tener en cuenta a los grupos históricamente excluidos y quienes defienden los Derechos Humanos y los territorios, así como periodistas, los cuales son los más propensos a tener su vida en riesgo por denunciar o alertar delitos de corrupción, pero inclusive pueden recibir un trato injustificado, e incluso sufrir represalias en el lugar de trabajo o acciones que puedan tener como consecuencia que se produzca un daño de tipo profesional, financiero, social, psicológico y físico, o un daño a su reputación, por lo que el Estado debe de garantizar todas las medidas de protección pertinentes.

Para ello, no solo es necesario poner todos los medios para que se pueda denunciar y alertar hechos de corrupción, sino también se debe crear la posibilidad de denunciar las represalias o cualquier otro trato injustificado ante las autoridades competentes, además de crear y fortalecer las medidas apropiadas y eficaces para impedir el trato injustificado a las personas denunciantes y alertadores.

Además, es importante que las obligaciones legales o contractuales, como los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos en virtud de los cuales se prohíba revelar información, no puedan utilizarse para ocultar actos de corrupción y evitar su escrutinio a fin de denegar protección o sancionar a los denunciantes por haber comunicado información sobre delitos relacionados con la corrupción a las autoridades competentes.