06. Conclusiones

La Agenda Anticorrupción debilitada: un factor para medir la corrupción en México.

La corrupción en México es un fenómeno profundamente arraigado que ha persistido a lo largo de su historia, afectando gravemente el desarrollo económico, social y político del país. Este problema sistémico está estrechamente vinculado al contexto político, que ha sido marcado por una serie de desafíos históricos, incluyendo la consolidación del poder en manos de una élite política, económica y militar, la falta de rendición de cuentas, y la limitada independencia de las instituciones encargadas de vigilar y eliminar las prácticas corruptas.

México ha experimentado un complejo proceso de transición democrática desde la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la pluralidad política actual. Sin embargo, este proceso ha estado marcado por la persistencia de prácticas autoritarias insertas en un marco multipartidista. A pesar de la alternancia en el poder, los patrones de concentración de poder, la corrupción, y el clientelismo han perdurado, debilitando las instituciones democráticas y erosionando la confianza pública.

El concepto de autoritarismo multipartidista, como lo describe Lesgart (2020), se refiere a un régimen político en el cual, aunque se realizan elecciones, el poder sigue siendo altamente centralizado y las prácticas autoritarias prevalecen. En México, este fenómeno se ha manifestado a través del control político ejercido por una élite que, independientemente del partido en el poder, ha logrado mantener su influencia sobre las principales instituciones del país. Este tipo de gobierno permite la perpetuación de la corrupción, ya que las estructuras de poder se mantienen intactas y poco dispuestas a rendir cuentas.

La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en 2018, fue vista como un punto de inflexión en la política mexicana. AMLO llegó con una promesa de erradicar la corrupción, transformar las instituciones del país y poner en el centro de las políticas públicas a las personas más pobres del país. Su triunfo, con un amplio margen de apoyo popular, generó grandes expectativas en cuanto a la posibilidad de un cambio real para erradicar la corrupción.

Sin embargo, durante su mandato, se ha observado una tendencia hacia la centralización del poder en el Ejecutivo, acompañada de un debilitamiento de diversas instituciones que juegan un papel crucial en la rendición de cuentas, la transparencia y los contrapesos democráticos. Medios de comunicación, periodistas independientes, el Poder Judicial, y organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como organizaciones de la sociedad civil, han enfrentado crecientes presiones y ataques, lo que ha generado preocupaciones sobre la consolidación de un régimen con tendencias autoritarias.

Una de las características más controvertidas del actual gobierno ha sido la creciente militarización de la vida pública en México. Bajo la administración de López Obrador, las Fuerzas Armadas han asumido un papel preponderante en áreas tradicionalmente reservadas para autoridades civiles, como la seguridad pública y la ejecución de proyectos de infraestructura. Esta militarización plantea serios cuestionamientos sobre la separación de poderes y el respeto a los derechos civiles. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas que exceden su mandato tradicional ha sido motivo de preocupación, especialmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son limitadas. Un caso emblemático ocurrió en septiembre de 2023, cuando efectivos de la Marina irrumpieron en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, obstaculizando investigaciones judiciales (Mexiro, 2023). Este tipo de acciones, contradice los principios de una democracia civil y genera serias dudas sobre el respeto a los Derechos Humanos.

En este complejo contexto político, los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción enfrentan desafíos significativos. Estos sistemas, diseñados para coordinar esfuerzos para reducir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas, operan en un entorno donde la concentración del poder y la erosión de las instituciones democráticas están en aumento. La independencia y la eficacia de estos sistemas son constantemente puestas a prueba por intentos de debilitamiento, como la propuesta de fusionar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la posible eliminación de órganos autónomos como el INAI.

Además, la falta de implementación efectiva de políticas anticorrupción, junto con la politización de las designaciones en los Congresos, obstaculiza el funcionamiento adecuado de estos sistemas. El contexto político actual exige no solo la defensa de estas instituciones, sino también un enfoque integral que aborde las raíces estructurales de la corrupción y promueva una verdadera rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno.

Abordar la corrupción en México requiere una visión que trascienda la simple implementación de mecanismos de control y de ética. Es fundamental considerar el contexto político y las dinámicas de poder que perpetúan la corrupción. Esto implica no solo fortalecer las instituciones encargadas de hacer frente a la corrupción, sino también fortalecer las instituciones de justicia, promover una participación ciudadana activa y efectiva, y garantizar que las políticas anticorrupción incluyan enfoques de Derechos Humanos, equidad de género y justicia social.

La construcción de una democracia más robusta y equitativa en México depende de la capacidad del país para enfrentar estos desafíos de manera integral, reconociendo las interconexiones entre corrupción, desigualdad y concentración de poder. Solo a través de un enfoque que integre estas dimensiones será posible avanzar hacia un futuro donde la transparencia y la rendición de cuentas sean la norma, y no la excepción.

Con corrupción no hay justicia social, racial, ambiental, fiscal y de género.