9. Los muros como necropolítica: migración y corrupción

México al ser un país con una política migratoria que obedece a una lógica de contención, sin un enfoque en la garantía y protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y de refugio, que cruzan el territorio mexicano, cuenta con grandes desafíos en corrupción y violaciones a Derechos Humanos.

Con base en las solicitudes de información que realizó el Observatorio en materia de Derechos Humanos, podemos confirmar que ningún Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, como las instituciones y los órganos colegiados que lo conforman, entregaron documentos que acrediten que están trabajando con las autoridades migratorias para reducir las faltas administrativas y hechos de corrupción en esta población vulnerada en sus derechos.

Las autoridades han llevado a cabo detenciones arbitrarias que vulneran los Derechos Humanos de las personas migrantes, contrarias al “principio de no devolución”, que protege a las personas refugiadas (IMINU, 2024), y hemos visto tragedias que han pasado en noticias nacionales e internacionales, como del pasado 23 de mayo de 2023 en Ciudad Juárez donde 40 migrantes murieron y 2 más quedaron con secuelas permanentes, debido a un incendio en la estancia migratoria de Chihuahua. Las autoridades decidieron dejarlos encerrados sin la posibilidad de salir para salvar sus vidas.

El Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C (IMUMI) señala que en el trágico caso de Ciudad Juárez, indica una práctica de corrupción de venta de bienes y servicios (como cigarrillos, comida, llamadas telefónicas y otros beneficios) al interior de la Estancia Provisional Migratoria. Sugieren que la presencia del encendedor dentro de la Estancia no se debió a una omisión aislada en la revisión de la persona que lo portaba; sino a una práctica generalizada de omisión en el cumplimiento de los deberes de prevención y de una política estatal para la seguridad del lugar.

Es así que hacemos un llamado a las autoridades que previenen, investigan y sancionan corrupción para que realicen información estadística para conocer cómo se manifiesta la corrupción en la población migrante, así como solicitantes de asilo y de refugio, y de esa forma, se puedan crear políticas públicas enfocadas a reducir estos delitos que vulneran los derechos de poblaciones que han sido forzados a desplazarse de un lugar a otro.